Posteado por: inespiral | mayo 30, 2010

Misión internacional acribillada en Oaxaca

México se ha convertido en un país peligroso no solo para ejercer el periodismo o la defensa de los derechos humanos, sino para quién observa. La violencia y la impunidad ya no respetan nacionalidades y aunque los costos políticos de la muerte de un observador civil internacional son superiores a los de la muerte de un civil mexicano, los acuerdos económicos entre Estados garantizan la indiferencia real por parte de las elites. ¿De qué hablo?

Hablo de los hechos que conmovieron por tres días a la opinión pública en este país: la balacera desatada contra una Misión Civil de Observación en la región autónoma del pueblo triqui de Oaxaca, un territorio disputado por tres grupos desde hace más de 70 años por albergar el santuario religioso de San Juan Copala y ser lugar estratégico de cosecha de enervantes y tráfico de drogas.

Un lugar en el que la violencia ancestral ha tejido una densa red de rencores utilizados políticamente y azuzados por el gobernador del Estado, Ulises Ruiz, ya famoso por haber instigado grupos paramilitares de choque en 2006, durante las protestas de la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) y a quien grupos de derechos humanos atribuyen 62 muertos, más de 500 detenidos políticos y una decena de desaparecidos.

Algunos analistas políticos advirtieron que las elecciones de 2010 en este Estado traerían sangre, y así está siendo. Lo que sucedió el 27 de abril fue un capítulo más de los terribles sucesos que no dejan de repetirse, con una excepción, hasta el momento ningún observador extranjero, a excepción del periodista de Indimedia Brad Will, había sido muerto en la entidad.

¿QUÉ ACONTECIÓ?

Los hechos. El 27 de abril, Una treintena de defensores de derechos humanos de organizaciones mexicanas e internacionales como, así como dos periodistas de la revista Contralinea, se adentraron en territorio trique. Eran 6 ó 7 los vehículos, había tensión en el aire, pero nada por lo que alarmarse cuando el silencio se rompió y de varios ángulos sonaron los disparos. Testimonios presenciales cuentan que la lluvia de balas tardó en cesar y que ellos, y solo ellos, eran el objetivo. Quien disparaba desde el cerro era el grupo paramilitar UBISORT.

Varios defensores lograron refugiarse bajo los vehículos y después darse a la fuga, dos (Beatriz Alberta Cariño, directora del Colectivo Cactus y Jery Antero, de orígen finlandés asociado a la ONU fueron muertos, varios fueron heridos. Horas después, cinco de ellos no aparecían. Para entonces ya se habían disparado todas las alarmas mediáticas y MVS radio transmitió al padre de uno de ellos señalando que puesto que ni los cuerpos de Policía ni el Ejército se atrevían a entrar en la zona a rescatar a su hijo, él lo haría. Al día siguiente entraría una nueva caravana a zona triqui paramilitar, ahora si, con los reflectores mediáticos. ¿Pero qué más da a quien goza de impunidad?

Esa misma misma noche aparecieron tres de los que estaban perdidos. Señalaron que David Cilia, de la revista Contralínea estaba herido en la pierna y no podía caminar y que su compañera de redacción, Erika Ramirez, se había quedado con él. (¿Cuántos compañeros de redacción lo harían?)

PASIVIDAD DEL GOBIERNO MEXICANO Y REACCIÓN DE NACIONES UNIDAS

El gobierno de la República mexicana ignoró el tema. Lo ignoró también cuando fue a Alemania y se encontró con manifestantes que exigían el cese del gobernador Ulises Ruiz y pedían justicia y el esclarecimiento de los hechos. Era el Día Internacional de la Prensa, y en lo que va de año son más de 6 los periodistas muertos, pero Felipe Calderón habló en el Parlamento Alemán de “los cinco jinetes del Apocalipsis” que habían sacudido a México en el último año (entre ellos la influenza y el narco) todos ellos enemigos externos y amputables como una enfermedad, como si la corrupción, el clientelismo, la impunidad y el mismo narco no formasen parte de esta sociedad, de su gobierno y de muchos otros.

En las últimas fechas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas condenó la situación para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y el periodismo en México. Un comunicado más, otro gran logotipo, el prestigio perdido ¿y después qué? La impresión latente en muchos analistas es que se ha roto el fino hilo que separaba las agresiones contra nacionales de las agresiones contra observadores nacionales: ya no hay ley y ningún gobierno responde.


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