Posteado por: inespiral | abril 13, 2012

Cercar Europa, vulnerar derechos: mujeres en los CIE´s

En los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE´s), todo juega en contra: el tiempo, la falta de información y la arbitrariedad. Desde que fueran creados en 1999, en España los CIE´s se encuentran en un limbo jurídico, sin reglamentos internos claros, con un alto nivel de hostigamiento y siendo en la práctica un sistema punitivo para extranjeros con faltas administrativas. En el año 2009, la Ley de Extranjería que los regía se endureció para incorporar varias Directivas Europeas, aprobadas tras el Pacto de Migración y Asilo de octubre de 2008 que tenía como objetivo blindar el espacio Schengen. Así, las políticas de migración españolas se endurecieron para acercarse a las británicas, las francesas o las italianas. El plazo de internamiento para inmigrantes “sin papeles” aumentó de 40 a 60 días. Según cifras del ministerio de Justicia español, en 2009 fueron 16.590 los detenidos en estos centros, de los cuales solo el 53% fueron expulsados del país. Alrededor del 10% eran mujeres y las cifras de peticiones de asilo continúan cayendo.

 


Familias y números: en las puertas de centros

Frente al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, hay una gran explanada desierta donde antes se encontraba la macro cárcel de Carabanchel, de la que solo queda, destruida y comida por los matojos, la puerta de entrada. Desde principios de año, muchos medios han puesto su atención en estos centros de encierro – en total 10 en España, además de algunos temporales- después de que trascendiera la noticia de la muerte de dos “internos”: Samba, una congoleña de 42 años y Ibrahim Sissé, nacido en Guinea-Conakry hace 21 años. Por ello, los policías que guardan la garita de Aluche están nerviosos. Salen amenazantes: “Ey, no puedes tomar fotos, bórralas ahora mismo o subimos a comisaría”.

En el interior, bajo una carpa de lona y junto a una oficina para trámites administrativos de migración, aguardan varias familias. “¿Tú a quién vienes a ver?” pregunta sin levantar la mirada de unos crucigramas, una mujer encargada de llevar el orden de visitas. “No sé si está aquí-contesta un chico menudo y ansioso- se llama Chaal” “¿Cóooomo?” pregunta la mujer. “Cha-a-a-l”, deletrea el chico menudo. “Tienes que darme un número o tendrás que esperar” responde secamente la mujer. Entre la deslocalización del encierro, muchas familias vienen de otras ciudades del estado, y el frío, se van sucediendo visitas que preguntan sistemáticamente por números.

Una de ellas es Iara, una chica brasileña a cuyo hermano, el número 17, lo deportaron a mitad de enero. “Ahora vengo a visitar a un amigo que hizo mi hermano ahí dentro y que no tiene a nadie”- cuenta, señalando un bulto de ropa limpia, antes de narrar cómo su hermano pequeño fue enviado al norte de Brasil siendo su familia del sur. María Angélica, nacida en Chile, también espera junto a su hijo mayor y una maleta por si expulsan a su marido esa noche. Un tipo de práctica habitual hasta la sentencia dictada el pasado 29 de febrero por los Juzgados de Instrucción número 6, 19 y 20 de Madrid, en la que señalaban que las expulsiones deben avisarse con 12 horas de antelación.

Con avisos y sin ellos, las deportaciones continúan. Angélica señala con indignación que ella y su marido llevan viviendo en España más de 20 años y que cuando él y su hija menor fueron a solicitar el arraigo a la comisaría de Alcorcón les quitaron los pasaportes. “Unos días después los detuvieron por la calle por no llevar documentación. A mi hija de 23 años la internaron. La abogada se movió rápido y conseguimos sacarla justo antes de que la deportaran, pero sigue sin su pasaporte y antes de su cita para tramitar el arraigo tiene que venir a la oficina de extranjería a firmar dos veces. Está aterrada. Tiene un hijo español, pero la abogada no sabe que decirnos, porque todo juega en contra tuya: el tiempo, la falta de información y la arbitrariedad” – cuenta María Angélica.

Las mujeres de nacionalidad española que acuden a visitar a sus parejas también sufren los malos tratos del personal del centro. Según señala Jana, de la Comisión de Mujer de Ferrocarril Clandestino, son las que más se indignan ya que “después de ejercer una ciudadanía normalizada durante toda su vida, experimentan la desaparición parcial o total de sus derechos, en tanto que familiar o pareja de una persona interna en el CIE”. Es este el caso de Sofía, cuya pareja, Nizar, fue deportado a Marruecos 15 días antes de que llegara la sentencia del Juzgado de Plaza Castilla concediéndole el arraigo ya que tenían iniciados los trámites para casarse. “Lo llevaron un día a Comisaría y recibí una llamada nocturna, pero ya no supe nada más- cuenta Sofía- Fui a Plaza Castilla. Allí apenas nos informaron. Dictaban con celeridad internamientos, sorteamos el negocio de abogados privados que rondan los CIE’s y contratamos uno de confianza. Durante los 33 días que Nizar estuvo encerrado fui a verle, esperando más de 3 horas cada día. Al final Nizar estaba cansado. Quería que lo devolviesen a su país. No podía contarme apenas de allí dentro, porque siempre había algún policía escuchando la conversación… Les metían drogas calmantes en la comida”.

Un tiempo que se dilata


Mientras fuera del CIE el tiempo se escapa de las manos para los trámites legales, dentro del CIE se dilata. Sin nada que hacer, sin información sobre su situación jurídica y con el estrés de la incertidumbre constante como tortura, las personas encerradas en los CIE´s que han conocido la cárcel, afirman que aquello es peor. Testimonios recogidos en publicaciones como Voces desde y contra los CIE’s de Ferrocarril Clandestino, Medicos del Mundo y SOS Racismo o en programa de radio como MasVoces en Málaga, revelan vejaciones e intimidación, tratos crueles, inhumanos y degradantes; hacinamiento, falta de condiciones higiénicas, violación del derecho salud o del derecho a la intimidad familiar y a las comunicaciones. A menudo los migrantes son obligados a firmar declaraciones bajo coacción, con abogados poco resolutos y sin acceso a traducciones. Sin más supervisión que la ejercida periódicamente por el Defensor del Pueblo, organizaciones agrupadas en torno a “CIE´s NO” reclaman el cierre de estas cárceles encubiertas. Otras tantas exigen más transparencia y vigilancia de los derechos de las personas internas, ya que parece ser que cuando alguien comienza a exigir sus derechos en los centros se convierte en un personaje molesto y es deportado más rápidamente.

“Estos centros son dispositivo de destrucción física y psicológica destinada a mermar el ejercicio de ciudadanía e incluso, la voluntad de reivindicarla”- afirma Jana, que apunta que desde Ferrocarril Clandestino analizan los CIE´s como ficha reticular “de un complejo de seguridad mayor, que comprende la externalización de fronteras del Espacio Schengen a través de la agencia Frontex y que ni siquiera cumple los presuntos objetivos para los que fue diseñado: la deportación”.

Derechos internacionales vulnerados

Además del limbo jurídico, la invisibilidad de las mujeres en estos centros es total. Suelen ocupar los habitáculos en peores condiciones encontrándose, por ejemplo en Aluche, en los sótanos; estancias más húmedas, más frías y sin apenas luz. Las vejaciones verbales de carácter sexual son habituales y cuando están embarazadas no reciben la necesaria observación obstetricia o atención higiénica por parte de los médicos destinados por el Ministerio de Interior a los centros. A menudo son separadas de sus hijos y carecen del derecho a la intimidad. Tampoco hay una debida atención a la población LGTB.

Por otro lado, tal y como señalan las abogadas de Women´s Link, hay casos en los que las mujeres son posibles víctimas del maltrato o de la trata y se están vulnerando los preceptos dispuestos en los artículos 31 y 59bis de la Ley de Extranjería, modificados en el artículo /20 julio de 2011. El primero de estos artículos impide la deportación de mujeres víctimas de violencia que género. El segundo concede un periodo de reflexión de 30 días a posibles víctimas de trata, en los que se les debe brindar una integridad física y mental, así como garantizar su seguridad. Con esta ley el gobierno español quiso ajustarse a la directiva de retorno europea, por cuyo incumplimiento en casos como la “Operación Zarpa” (en la que 400 mujeres extranjeras víctimas de la trata fueron detenidas por encontrarse en situación irregular) ya fue multado en noviembre de 2010 por el Tribunal Europeo.

Dada la falta de garantías a migrantes y refugiados, las peticiones de asilo en España se encuentran entre las más bajas de la población europea, según los últimos reportes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Otras experiencias europeas: Inglaterra

Si España endureció su Ley de Extranjería en 2009 para adaptarla a directrices europeas, hay países que desde hace años ya operan bajo una concepción criminalizada de la migración. Inglaterra, que durante gran parte del S.XX fue garantista para los refugiados, hoy en día cuenta con once centros de detención de migrantes, (Inmigration Removal Centres), con una capacidad para 3.000 personas. Mientras aumenta el número de detenidos (26.000 personas en 2010), la negación del derecho de asilo ha reducido el número de peticiones en los últimos diez años (Si en 2002 fueron 103.080, en 2007 cayeron a 27.905).

En este contexto, uno de los principales abusos que sufren los migrantes son las detenciones de larga duración. Aunque en el año 2010 se prohibieron las detenciones de menores después de un intenso debate nacional, el 43% de los adultos detenidos continúa alcanzando dos años de encarcelamiento. Un tercio de ellos son finalmente deportados. Entre las mujeres, las detenciones de larga duración son menos habituales pero sustanciales: 106 mujeres de las liberadas en el año “financiero” 2010-2011 estuvieron encarceladas más de 6 meses y cinco de ellas durante más de dos años. Por otro lado, ha aumentado el número de suicidios en estos penales y, según reseña Global Detention Project, la privatización de la gestión de estos centros ha deteriorado sustancialmente sus condiciones. En ellos, muchas mujeres son separadas de sus hijos, incluso cuando éstos tienen nacionalidad británica.

Para denunciar estos abusos, en enero de 2010, las mujeres internas del Centro de Deportación de Yarl´s Woon se declararon en huelga de hambre durante más de tres semanas. Esta huelga logró visibilizar las condiciones infrahumanas de su cautiverio y las detenciones arbitrarias. Sin embargo, Según documenta la organización Yarl’s Wood Befrienders las estancias penitenciarias continúan revictimizando a mujeres que han sufrido tortura y han sido víctimas de redes de trata, así como encarcelando a personas sin antecedentes penales, o a mujeres embarazadas, muchas de las cuales, debido a las penosas condiciones de reclusión, han abortado de manera forzada. Como indica el último informe anual de la organización, “N, de nacionalidad nigeriana, con 15 años vino a trabajar en Reino Unido siendo encerrada en Yarl´s Wood con un embarazo de 8 semanas, sufriendo una grave depresión y perdiendo a su hijo en la semana 20”.

Tan solo en 2011, Yarl´s Wood Brefienders visitó en el Centro a 14 mujeres, posibles víctimas de tortura, y a 18 víctimas de trata. Esta cifra se multiplica por diez en el reporte de Poppy Project, que ha documentado que desde el 1 de abril de 2009 -momento en el que Reino Unido adoptó el Consejo de la Convención Europea en la Acción contra la Trata- se ha detenido en Yarl´s Wood a 180 mujeres víctimas del tráfico de personas.

Entre las múltiples historias de vida truncada están las de las mujeres víctimas de tortura que son emplazadas en la sección de “detenidos de pista rápida” (Detained Fast Track), y que carecen de tiempo para preparar su solicitud de asilo y realizar las apelaciones necesarias. Este fue el caso de “M”, de Malawi, que fue vendida con 12 años a su cuñado tras morir su hermana mayor, sufriendo tortura y abusos sexuales. Tras fugarse a Reino Unido, con la ayuda de un amigo de su padre, cayó en manos de traficantes de personas y fue víctima de prostitución forzada. Cuando denunció esta situación y solicitó el asilo en instancias gubernamentales, fue encarcelada en Yarl´s Wood en la sección de “detenidos de pista rápida”. Su abogado dejó el caso y fue deportada a su país natal.

Por otro lado, la ONG Refugee Support y Migration Foundation denuncian que los refugiados que pertenecen a la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual o Transgénero (LGBT) encuentran en Reino Unido altos niveles de discriminación, hostigamiento o explotación por su condición sexual. A menudo, les es negada la atención médica secundaria o servicios psicológicos.
Nota al pie:
Algunos nombres han sido modificados por motivos de seguridad y porque así lo desearon.

http://www.masvoces.org/Declaraciones-de-mujeres-migrantes-desde-un-Centro-de
http://www.icam.es/docs/ficheros/200912110006_6_0.pdf
http://www.globaldetentionproject.org/

 

 

 


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